Se suma a las ocho jurisdicciones que ya habían adherido.
Así, centros de salud públicos y privados deberán garantizar el acceso, sin
necesidad de judicializar el caso.
Así, centros de salud públicos y privados deberán garantizar el acceso, sin
necesidad de judicializar el caso.
atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del
embarazo” (Protocolo ILE) a través de la Resolución 2095/2016, que deroga la antigua
Resolución 3146/2012.
Así, la Provincia se suma a las jurisdicciones que ponen en
práctica el Protocolo aprobado en 2015 y que establece el acceso al aborto
legal para los casos en que esté en peligro la vida o la salud de la mujer o
cuando el embarazo fuese producto de una violación. El objetivo del protocolo
es evitar la judicialización de los casos que están amparados por la ley, y
evitar que las mujeres se encuentren con una negativa a la práctica en los
centros de salud, ya sean públicos o privados, de todo el territorio nacional.
práctica el Protocolo aprobado en 2015 y que establece el acceso al aborto
legal para los casos en que esté en peligro la vida o la salud de la mujer o
cuando el embarazo fuese producto de una violación. El objetivo del protocolo
es evitar la judicialización de los casos que están amparados por la ley, y
evitar que las mujeres se encuentren con una negativa a la práctica en los
centros de salud, ya sean públicos o privados, de todo el territorio nacional.
Para la confección de este protocolo, se tomaron en cuenta
los lineamientos del fallo F.A.L de la Corte Suprema de Justicia que clarificó
los alcances del artículo 86 del Código Penal y estableció cómo se debe proceder
para garantizar abortos no punibles, y concretamente, señaló que no se deben
exigir autorizaciones judiciales.
los lineamientos del fallo F.A.L de la Corte Suprema de Justicia que clarificó
los alcances del artículo 86 del Código Penal y estableció cómo se debe proceder
para garantizar abortos no punibles, y concretamente, señaló que no se deben
exigir autorizaciones judiciales.
Así, la Provincia se suma a las 8 jurisdicciones que ya
adhirieron al Protocolo: Chaco, Chubut, Jujuy, La Rioja, Misiones, Santa Cruz,
Santa Fe y Tierra del Fuego.
adhirieron al Protocolo: Chaco, Chubut, Jujuy, La Rioja, Misiones, Santa Cruz,
Santa Fe y Tierra del Fuego.
Amnistía Internacional celebró este “paso adelante” dado por
la provincia. Y destacó que en el Programa de Salud Sexual y Reproductiva de la
Provincia, a través de la Comunicación 7°, establece que “todos los efectores
de salud, (incluyendo al personal administrativo y de seguridad) son
responsables de garantizar y no obstruir el derecho a la Interrupción Legal del
Embarazo. También indica que las mujeres y niñas que desean acceder a la
práctica, deben contar con información clara, completa, oportuna, veraz,
comprensible y en lenguaje accesible, en un marco de confidencialidad y
privacidad.»
la provincia. Y destacó que en el Programa de Salud Sexual y Reproductiva de la
Provincia, a través de la Comunicación 7°, establece que “todos los efectores
de salud, (incluyendo al personal administrativo y de seguridad) son
responsables de garantizar y no obstruir el derecho a la Interrupción Legal del
Embarazo. También indica que las mujeres y niñas que desean acceder a la
práctica, deben contar con información clara, completa, oportuna, veraz,
comprensible y en lenguaje accesible, en un marco de confidencialidad y
privacidad.»
“La iniciativa de la Provincia es un paso adelante en el
ejercicio de los derechos sexual y reproductivos de las mujeres y niñas. Es
imprescindible que los servicios y efectores de salud renueven su compromiso
con la vida y la salud de las mujeres. La prevención de abortos inseguros y la
consecuente mortalidad materna es una condición necesaria para toda política de
estado respetuosa de los derechos humanos”, indicó Mariela Belski, Directora de
Amnistía Internacional Argentina.
ejercicio de los derechos sexual y reproductivos de las mujeres y niñas. Es
imprescindible que los servicios y efectores de salud renueven su compromiso
con la vida y la salud de las mujeres. La prevención de abortos inseguros y la
consecuente mortalidad materna es una condición necesaria para toda política de
estado respetuosa de los derechos humanos”, indicó Mariela Belski, Directora de
Amnistía Internacional Argentina.
El nuevo protocolo de aborto no punible fue publicado en
2015 y constituye una revisión y actualización del protocolo de 2011. En esta
nueva edición se establece su “aplicación obligatoria en todo el territorio
argentino” y aclara que debe ponerse en práctica en todas las instituciones
sanitarias, ya sean públicas o privadas.
2015 y constituye una revisión y actualización del protocolo de 2011. En esta
nueva edición se establece su “aplicación obligatoria en todo el territorio
argentino” y aclara que debe ponerse en práctica en todas las instituciones
sanitarias, ya sean públicas o privadas.
